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Human Rights Watch y otras tres organizaciones estadounidenses de derechos humanos demandaron el martes a la Administración Trump, impugnando la orden ejecutiva que sanciona a jueces y fiscales de la CPI y prohíbe a los estadounidenses prestarles servicios.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, investiga crímenes de guerra, incluida la conducta israelí en Palestina. El presidente Trump ha respondido con una orden ejecutiva que impone sanciones a los jueces y fiscales del tribunal, la cual también prohíbe a los estadounidenses prestarles servicios a quienes son objeto de las sanciones, lo que enfrenta a organizaciones estadounidenses de derechos humanos que colaboran con la corte con su propio Gobierno.
Human Rights Watch y otras tres organizaciones estadounidenses demandaron el martes al Gobierno de Trump por un decreto que sanciona a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. Las sanciones responden a las investigaciones del tribunal sobre la actuación israelí en Palestina y prohíben a los estadounidenses prestar servicios a los afectados.