Pugna por el voto por correo en EE. UU.

Cómo está el tema

La disputa sobre el decreto de la administración Trump sobre el voto por correo ha pasado al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara una medida cautelar que bloquea la orden en 23 estados, alegando que el presidente carecía de autoridad para cambiar las normas electorales estatales, la administración pidió a los magistrados que permitieran la entrada en vigor de las nuevas restricciones, según Al Jazeera, el Wall Street Journal y El País. Esto sigue a la negativa del tribunal de apelaciones el sábado, informada por Folha de S.Paulo, a poner en vigor el decreto mientras el caso sigue su curso. Por ahora los estados siguen aplicando sus procedimientos electorales vigentes, y el decreto sigue sin efecto a menos que el Tribunal Supremo intervenga. Junto con la presentación judicial, Trump ha abierto una vía legislativa: Breitbart informa de que el lunes instó al líder de la mayoría del Senado, John Thune, a mantener al Senado en sesión y a acabar con el filibusterismo para que pudiera aprobarse la Ley SAVE America. La información disponible no indica cómo respondió Thune, ni cuándo podría pronunciarse el Tribunal Supremo sobre la solicitud de la administración. Tampoco se especifica en las fuentes si los magistrados se pronunciarán únicamente sobre la entrada en vigor de las restricciones durante el litigio o si abordarán la cuestión de fondo de la autoridad presidencial.

La disputa concierne a un decreto de la administración Trump que endurecería las normas que rigen el voto por correo, aplicado a 23 estados según el relato de Folha de S.Paulo. En Estados Unidos, la organización de las elecciones y las condiciones del voto por correo las establecen en gran medida los distintos estados, por lo que una medida federal de este tipo desplazaría las normas que esos estados ya aplican. La administración acudió a un tribunal federal de apelaciones para que se aplicara el decreto, y el tribunal rechazó la petición. La información disponible no describe quién impugnó el decreto, qué argumentos jurídicos se plantearon, ni la situación procesal del caso más allá de esa negativa.